El artículo quinto de la Constitución Federal dice lo siguiente: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, o trabajo que le acomode, siendo lícitos”. El mismo artículo establece algunas limitaciones a esta libertad: 1) Que la actividad sea lícita; 2) que no se ataquen derechos de terceros y 3) que no se ofendan los derechos de la sociedad.
Sin embargo, en Durango existen personas que creen que la Constitución es un adorno y que la Ley solo se debe aplicar a los gobernados, sobre todo si son pobres, mientras que la alta burocracia, los ricos y los influyentes gozan de una indignante impunidad. Lo más grave, es que los que piensan así, son sujetos que tienen un importante papel dentro la seguridad pública de nuestra ciudad. Con autoridades así, para qué queremos delincuentes.
Quiero preguntarles a Raymundo Enríquez, la voz de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y al juez administrativo Francisco Carreón: ¿Qué Ley prohíbe el oficio de limpiaparabrisas? ¿De qué manera afectan estas personas los derechos de terceros u ofenden los de la sociedad? ¿En qué fundan sus amenazas de utilizar la fuerza pública y arrestar a quienes se dedican a esta actividad?, como lo declararon a El Sol de Durango hace unos días.
Limpiar parabrisas debe ser considerado un trabajo, ya que se está ofreciendo un servicio, que puede parecer absurdo e innecesario, pero que es retribuido económicamente por muchas personas. Por lo tanto, se encuentra garantizado por el artículo quinto y cualquier acto que trate de impedirlo o castigarlo, será completamente inconstitucional. Y las autoridades que lo intenten, estarán violando la Constitución e incurriendo en responsabilidad.
Las personas que andan en la calle pidiendo dinero, lo hacen porque en este país no se generan empleos, y en los que existen se ofrecen salarios miserables o jornadas inhumanas. Pero el juez administrativo piensa que la gente lo hace como hobbie.
Limpiar vidrios o vender chicles, es una manera disfrazada de pedir limosna. Una forma de atenuar la pena y la humillación que implica llegar a ese extremo para poder ganarse la vida. ¿O acaso pensarán los susodichos, que las mujeres limpiaparabrisas no sienten
vergüenza al acercarse a los conductores y pedir unas monedas? Ellas han tenido que dejar el pudor a un lado, para poder comer y medio vivir con sus familias.
Dice Raymundo Enríquez, que existe un estudio que indica “que hay temor en la ciudadanía al ver la imagen de una persona drogada, alcoholizada, o ambos casos y en pleno centro de la ciudad”. Pero no es que anden drogados señor Enríquez, sus caras no reflejan el efecto de alguna droga, reflejan la tristeza y la desesperación del hambre.
Por su parte, el único argumento que ofrece el juez administrativo para encerrar a los limpiaparabrisas, es la molestia que causan a los conductores. Con este criterio, el señor Carreón muy pronto va a llenar el mercadito de limosneros, voceadores, de los que piden dinero para la Cruz Roja, y hasta de políticos que andan repartiendo trípticos en las campañas, éstos últimos sí que son una verdadera molestia. No va a dejar lugar para los verdaderos infractores.
No debe ser fácil tomar la decisión de trabajar en la calle, e incluso correr el riesgo de ser atropellado para ganarse la vida. Lo cierto, es que se trata de la última alternativa antes de tomar un arma y ponerse a robar. O toleramos este fenómeno, o nos resignamos a que estos trabajadores se conviertan en delincuentes. En estas condiciones, vuelvo a preguntarles a Enríquez Partida y a Francisco Carreón: ¿Dónde prefieren ver a estas personas, limpiando vidrios en la calle, o robando en el interior de sus casas, amenazándolos con un cuchillo en la garganta?
Espero que las declaraciones de los susodichos, hayan sido simplemente el producto de un “colapsus brutus”, porque considero que las autoridades tienen otras prioridades que meter a la cárcel a desdichados que no dañan a nadie. En ese caso, me permito hacer algunas recomendaciones:
Al vocero de la DMSP: que cuide su diarrea verbal y se dedique a su “importantísima” labor de salir en la tele e informar a la sociedad cuántos borrachitos cayeron al mercadito. No por nada, Raymundo Enríquez ya es casi tan famoso como Florencio Rodríguez, el señor del clima.
Y a nuestro juez administrativo: que se compre una Constitución y dirija sus esfuerzos en asuntos más trascendentales, como las ventanas clandestinas que siguen operando con gran impunidad.
Si estas autoridades hablaban en serio y siguen en su empeño, no sólo estarán orillando a muchas personas a convertirse en delincuentes, sino que a la vez se estarán pasando la Constitución por el arco del triunfo.
Sin embargo, en Durango existen personas que creen que la Constitución es un adorno y que la Ley solo se debe aplicar a los gobernados, sobre todo si son pobres, mientras que la alta burocracia, los ricos y los influyentes gozan de una indignante impunidad. Lo más grave, es que los que piensan así, son sujetos que tienen un importante papel dentro la seguridad pública de nuestra ciudad. Con autoridades así, para qué queremos delincuentes.
Quiero preguntarles a Raymundo Enríquez, la voz de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y al juez administrativo Francisco Carreón: ¿Qué Ley prohíbe el oficio de limpiaparabrisas? ¿De qué manera afectan estas personas los derechos de terceros u ofenden los de la sociedad? ¿En qué fundan sus amenazas de utilizar la fuerza pública y arrestar a quienes se dedican a esta actividad?, como lo declararon a El Sol de Durango hace unos días.
Limpiar parabrisas debe ser considerado un trabajo, ya que se está ofreciendo un servicio, que puede parecer absurdo e innecesario, pero que es retribuido económicamente por muchas personas. Por lo tanto, se encuentra garantizado por el artículo quinto y cualquier acto que trate de impedirlo o castigarlo, será completamente inconstitucional. Y las autoridades que lo intenten, estarán violando la Constitución e incurriendo en responsabilidad.
Las personas que andan en la calle pidiendo dinero, lo hacen porque en este país no se generan empleos, y en los que existen se ofrecen salarios miserables o jornadas inhumanas. Pero el juez administrativo piensa que la gente lo hace como hobbie.
Limpiar vidrios o vender chicles, es una manera disfrazada de pedir limosna. Una forma de atenuar la pena y la humillación que implica llegar a ese extremo para poder ganarse la vida. ¿O acaso pensarán los susodichos, que las mujeres limpiaparabrisas no sienten
vergüenza al acercarse a los conductores y pedir unas monedas? Ellas han tenido que dejar el pudor a un lado, para poder comer y medio vivir con sus familias.Dice Raymundo Enríquez, que existe un estudio que indica “que hay temor en la ciudadanía al ver la imagen de una persona drogada, alcoholizada, o ambos casos y en pleno centro de la ciudad”. Pero no es que anden drogados señor Enríquez, sus caras no reflejan el efecto de alguna droga, reflejan la tristeza y la desesperación del hambre.
Por su parte, el único argumento que ofrece el juez administrativo para encerrar a los limpiaparabrisas, es la molestia que causan a los conductores. Con este criterio, el señor Carreón muy pronto va a llenar el mercadito de limosneros, voceadores, de los que piden dinero para la Cruz Roja, y hasta de políticos que andan repartiendo trípticos en las campañas, éstos últimos sí que son una verdadera molestia. No va a dejar lugar para los verdaderos infractores.
No debe ser fácil tomar la decisión de trabajar en la calle, e incluso correr el riesgo de ser atropellado para ganarse la vida. Lo cierto, es que se trata de la última alternativa antes de tomar un arma y ponerse a robar. O toleramos este fenómeno, o nos resignamos a que estos trabajadores se conviertan en delincuentes. En estas condiciones, vuelvo a preguntarles a Enríquez Partida y a Francisco Carreón: ¿Dónde prefieren ver a estas personas, limpiando vidrios en la calle, o robando en el interior de sus casas, amenazándolos con un cuchillo en la garganta?
Espero que las declaraciones de los susodichos, hayan sido simplemente el producto de un “colapsus brutus”, porque considero que las autoridades tienen otras prioridades que meter a la cárcel a desdichados que no dañan a nadie. En ese caso, me permito hacer algunas recomendaciones:
Al vocero de la DMSP: que cuide su diarrea verbal y se dedique a su “importantísima” labor de salir en la tele e informar a la sociedad cuántos borrachitos cayeron al mercadito. No por nada, Raymundo Enríquez ya es casi tan famoso como Florencio Rodríguez, el señor del clima.
Y a nuestro juez administrativo: que se compre una Constitución y dirija sus esfuerzos en asuntos más trascendentales, como las ventanas clandestinas que siguen operando con gran impunidad.
Si estas autoridades hablaban en serio y siguen en su empeño, no sólo estarán orillando a muchas personas a convertirse en delincuentes, sino que a la vez se estarán pasando la Constitución por el arco del triunfo.
